El macrismo avanza sobre el Ministerio Público Fiscal
7 noviembre 2017 NACIÓN
Apenas unos días después de la renuncia de la Procuradora General de la Nación, la Dra. Alejandra Gils Carbó, el gobierno de Mauricio Macri avanza contra el Ministerio Público Fiscal con una reforma que lesiona seriamente su autonomía e independencia.
Según la Constitución Nacional es “el órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad…”. Esto está a punto de convertirse en letra muerta, ya que mañana será tratado en la Comisión de Justicia y Asuntos penales del Senado y el 15 de noviembre está prevista la votación en el recinto. Así de expeditivo. Así de brutal.
El cargo de la Procuración General, en la reforma constitucional de 1994 está equiparado con los jueces de la Corte Suprema, por eso hasta ahora el Poder Ejecutivo proponía el procurador o procuradora y el Senado aprobaba con los dos tercios de los votos.
El proyecto presentado por el tándem oficialismo-peronismo establece que quien esté al mando de la Procuración General tendrá un mandato limitado a cinco años, con posibilidad de ser prorrogado por dos años más, en detrimento de su independencia del poder político y además, modifica la mayoría agravada cambiándola a mayoría simple. De este modo el presidente que tenga mayoría en el Congreso, asegura también el mandato del Procurador para que responda lisa y llanamente a sus mandatos.
El proyecto de ley estipula que habrá una relación entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia lo que obviamente, hace peligrar su independencia.
Las procuradurías y direcciones especializadas dejarán de existir según el proyecto, lo que vuelve vulnerables a los fiscales ante el poder de una corporación mafiosa que debieran investigar, además de limitar infinitamente el poder investigativo en casos de femicidios; trata de personas; narcotráfico; lavado de dinero o delitos de Lesa Humanidad, entre otros.
Por ejemplo, casos como el de Santiago Maldonado en el que gracias a la intervención de la Procuvin que envió a un grupo de fiscales para asistir en la investigación de los hechos, pudieron ir desentrañando la trama oculta en torno a su desaparición. En caso de aprobarse esta ley, quedaría la investigación sólo en manos de la Fiscal Ávila, a pesar de que fue fuertemente cuestionada por sus maniobras distractivas y que tenía como secretaria de la Fiscalía a la esposa del juez Otranto, que había sido quien ordenó el operativo represivo en el que desapareció el joven.
El proyecto de ley incluye cláusulas de aplicación retroactivas lo que la vuelve inconstitucional, pero, en este contexto, donde los jueces hacen lo que el ejecutivo les ordena por teléfono, poco podemos esperar, excepto un cataclismo que impida el tratamiento en el recinto de este proyecto la próxima semana.
DM
RadioH Alejandra Gils Carbó, justicia